En los últimos meses todas las profesionales que colaboramos en este colectivo nos hemos estado centrando únicamente en las y los pacientes y sus cuidados. Dado que son quien ahora nos necesitan, dejando así a un lado nuestras reivindicaciones. Sin embargo ante los continuos abusos que se están evidenciando por parte de la Administración del SERGAS no podemos quedarnos calladas. 

Llevamos semanas colaborando con la Administración para cuidar a la población de diversas formas: renunciando a nuestros mermados derechos, intensificando nuestra labor en materia de educación sanitaria, organizándonos entre compañeras para la elaboración de protocolos de actuación en cada unidad asistencial pese a saber que esa función le corresponde a departamentos superiores; asumiendo una carga psicológica y física que en muchos casos ya nos está pasando factura; soportando la falta de epis y de material; soportando que a pesar de presentar sintomatología y de haber estado en contacto con pacientes con COVID positivo no se nos realizan las pruebas pertinentes y se nos insta a seguir trabajando en las mismas condiciones. Soportamos todo ello para salir de esta situación lo antes posible sin pedir nada a cambio más allá de seguridad laboral y  respeto a nuestra profesión.

En cambio lo que estamos presenciando es que ese respeto se ve vulnerado. Siguiendo su práctica habitual, el SERGAS continúa ofreciendo contratos de días, incluso cuando se prevé una necesidad de larga duración o contratos que son renovados cada 15 o cada 30 días. 

Esta contratación permite a la Administración legalmente, en su beneficio, romper la relación contractual con la trabajadora o el trabajador, en cuanto vence este plazo, perdiendo así  todos los derechos que le corresponden.

Pero es que además de eso, en estos últimos días estamos viviendo en primera persona como el Departamento de Recursos Humanos del Servizo Galego de Saúde no tiene reparo en dejarnos sin contrato cuando presentamos una Incapacidad Temporal tras dar positivo en la prueba de COVID-19. 

Según esto, para una trabajadora sanitaria o no sanitaria dependiente del SERGAS, el hecho de haber sido contagiada por COVID-19 no sólo supone un perjuicio a su salud sino también una penalización, puesto que esta ruptura del vínculo laboral se traduce en una pérdida de su contrato, y por ende de la baja laboral en toda su consideración, además del cómputo de servicios prestados a efectos de baremación en los listados de contratación y de cotización.

Sabemos que la Administración ha corregido alguno de sus “errores”, como ellos mismos los califican, pero no es suficiente estamos hartas de ¨parches¨. Y es que esos “errores” seguirían si no fuera por la presión mediática de la ciudadanía, de los medios de comunicación y organizaciones como la nuestra; así como por la cercanía de las elecciones autonómicas. Nuestros derechos no son puntos de partida para su campaña electoral encubierta, queremos hechos y no palabras.

Es por ello que exigimos responsabilidades políticas, así como un cambio de actitud inmediato por parte de dicha Administración, que tenga como eje fundamental el respeto de nuestros derechos laborales para poner fin de una vez a esta precariedad y maltrato laboral al que llevamos sometidas por parte del gobierno de la Xunta de Galicia los últimos años.

De no ser así nuestra respuesta será contundente en cuanto nos sea posible, y emplearemos para ello todas las herramientas a nuestro alcance.

Por último solicitamos también a la población en su conjunto, que se sensibilice con nuestra realidad, pues en sus manos está poner en valor la labor del personal sanitario y exigir, en consecuencia, un cambio de las actuales políticas sanitarias. 

La salud es un bien común. Ya es hora de cuidar a quien cuida.

“Imagen del Banc d’Imatges Infermeres. Autoría: Ariadna Creus y Àngel García”